BLINDAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

El acceso a la vivienda es un derecho universal plasmado en la declaración universal de derechos humanos. A estas alturas del S. XXI, más de un 60 por ciento de personas en el mundo viven en condiciones indignas bajo un techo, más de 100 millones sin hogar y sin contar los refugiados de guerra. En España sabemos lo que es el sinhogarismo al pasar por parques o jardines, por bancos de esos que especulan con el dinero de uno y te quitan tu casa, de albergues repletos con listas de espera para poder pasar 15 días máximo o si hay un programa de emergencia hasta que consigas una renta mínima de inserción y búscate la vida sin más con 420 euros. Eres presa de gente que realquila habitaciones, sin derecho a empadronarte donde resides aunque la ley te obligue a ello. Parece que lo que es un derecho se convierte en favores.

Habitaciones cutres, pisos cutres, compañeros cutres y maleducados con quienes tienes que hacer de tripas corazón para no andar de bronca algunas veces, traslados de un lugar a otro porque puede que no te alquilen por larga temporada. En el mejor de los casos para quienes no lo pasan bien es compartir piso forzadamente sin que tú elijas con quién o quiénes. Circunstancias mandan y a obedecer.

El sinhogarismo es una lacra que debiéramos hacernos mirar como sociedad. Debe garantizarse el techo a todo ser humano y esa es obligación de los poderes públicos según el artículo 47 de la Constitución española donde textualmente se dice "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Hay varias cuestiones al respecto que creo necesarias abordar a la luz de este artículo:

1) No es un derecho fundamental aunque sea universal

2) Al no ser derecho fundamental no tiene especial protección jurídica

3) Como papel mojado está bien si nos atenemos a los resultados de estos 12 últimos años en lo que una parte importante de la sociedad perdió su vivienda o la tuvo que malvender en muchos casos para eliminar deudas

4) Tenemos un derecho que no se protege, los poderes públicos no promueven condiciones algunas hasta ahora, no se interviene en las condiciones de suelo y precio por lo que, por tanto, se especula violando ese interés general para ponerlo al servicio de fondos buitres o de inversión compradores de suelo y vivienda, de ayuntamientos corruptos al olor y calor del ladrillo, de tramas empresariales y políticas que han cercenado este derecho ahondando la brecha de acceso a la vivienda

Estos 4 aspectos básicos nos sitúa a la ciudadanía, en términos generales, en una posición de subordinación, de subyugación y esclavitud hacia el sector inmobiliario con sus condiciones o con propietarios-as sin escrúpulos. Valga decir que estoy en contra totalmente de la barbarie de destrozar una vivienda porque eso es delinquir sin justificación alguna. Pero se trata, en este artículo, de fijar la posición de blindar un derecho básico que es el de acceder a una vivienda digna en buenas condiciones donde uno, a la medida que vaya cumpliendo años, no tenga que verse abocado a una residencia con carácter obligatorio donde visto el precedente inmediato de muertes por Covid-19 mejor ni hablar. Tener autonomía como persona ha de vincularse a la disponibilidad de una vivienda que podrá ser tutelada o no, dependiendo de factores y circunstancias.

A día de hoy el credo liberal aún persiste en la política de ladrillo especulativo. Construir, construir pero para ocupar quién y a qué precios. Y mientras tanto la Administración o es conniviente con leyes autonómicas (caso de Andalucía o Madrid por ejemplo) o duerme el sueño de Morfeo como es la Administración central de la que espero ahora más empatía, valentía, decisión, coraje y osadía para poner fin a una etapa negra en este derecho pisoteado hasta el hastío. Para ello han de modificarse leyes tan emblemáticas como -quizá- la ley de suelo para la vivienda pública, la ley de arrendamiento urbano, la ley general hipotecaria... O sea todas las leyes que tengan que ver con el derecho a la vivienda tienen y deben ser modificadas a fondo que haga posible el blindaje en la Constitución del mismo, sin apaños o remiendos que puedan provocar nuevas burbujas mediante subterfugios legales. No puede ser que haya alrededor de un 15 por ciento de viviendas vacías y personas jóvenes, mayores, familias monomarentales o monoparentales, mayores, con dificultades serias de acceder por la especulación brutal de gente sin escrúpulo alguno porque nadie le ha puesto el coto a sus desmanes.

Evitar una burbuja es bien fácil, solo hay que tener voluntad política. Evitar, prevenir, son dos verbos que no conjugan bien en la política española de nunca. Espero y deseo que ahora haya un punto de inflexión aunque mucho me temo que habrá tibios avances a lo sumo porque hay demasiados intereses en juego y no es, precisamente, el interés general.

Debemos poner el foco en todas las situaciones o escenarios posibles que se están dando y que pueden darse más adelante. Una renta garantizada más alta de la reciente aprobada de 461,50 será una buena medida junto o en paralelo a la compra de viviendas vacías a justiprecio como mecanismo jurídico que la administración puede implementar para poner varios millones de viviendas vacías al servicio de la ciudadanía en buenas condiciones. Socializar sí, pero no las pérdidas como hasta ahora. Compras viviendas vacías para ponerlas en alquiler social cuya renta máxima estaría atribuida en función, también, de la renta a percibir por la parte arrendataria y con un tope para obtener el beneficio (el salario medio sería un buen horizonte) y siempre que dicho alquiler no sobrepase el 30 por ciento de la renta personal o familiar. O sea que si alguien es mileurista su abono de alquiler sería de 300 euros mensuales. Esto daría otro aire a la economía en su conjunto: alquiler ajustado, más liquidez, más capacidad de ahorro y consumo, más responsabilidad social también por parte de la Administración y de la parte arrendataria. Con esta política real, posible y deseable de implementar con urgencia se le estaría dando un zarpazo a la especulación acompañando de otras medidas como la expresa prohibición de venta de viviendas públicas a manos privadas como fondos buitres como el caso de Madrid y que su ex-Alcaldesa se va de rositas porque la justicia no contempla aquí nada ilegal. Medidas que han de ser valientes pensando en la gente por una vez en donde prime el bien público, el interés general, por encima del particular especulativo. Asimismo, y valga como idea, la banca tiene una enorme deuda con el tesoro público: se le dio 64 mil millones de euros que no han abonado apenas. Por tanto acceder al mercado de vivienda de bancos gratis a cambio de deuda no sería mala política y tendría, probablemente, el respaldo ciudadano. Si compras por valor de 3 mil millones es dinero de menos que la banca debe, considerando además que ese importe de compra no sería a precio de mercado sino a justiprecio como apuntaba antes. Se puede y se debe hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora y se hizo nunca. El ciudadano de a pie quiere vivir en paz, con dignidad y seguridad. No lo digo yo, lo dice la declaración universal de derechos humanos. Toca mover conciencias y sillones...